Ley de morosidad (Ley 3/2004)
La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en España. Fija un plazo máximo de pago de 60 días naturales desde la recepción de la mercancía o la prestación del servicio, y regula los intereses de demora y la indemnización por costes de cobro.
Explicación detallada
La Ley 3/2004 transpone la Directiva 2011/7/UE y es la principal herramienta legal contra la morosidad comercial en España. Sus puntos clave incluyen: plazo máximo de 60 días (30 días para la administración pública), tipo de interés de demora del BCE + 8 puntos, indemnización mínima de 40€ por factura para costes de cobro, y nulidad de las cláusulas que establezcan plazos superiores de forma abusiva.
La ley se aplica a todas las operaciones comerciales B2B, no a consumidores. En la práctica, muchas empresas desconocen sus derechos bajo esta ley, lo que perpetúa la cultura de pago tardío en España.
Términos relacionados
Conceptos relacionados
Intereses de demora
Los intereses de demora son la compensación económica que el deudor debe pagar al acreedor por el retraso en el pago de una factura. En España, la Ley 3/2004 establece un tipo de interés de demora igual al tipo del BCE más 8 puntos porcentuales para operaciones comerciales.
LegalIndemnización por costes de cobro
La indemnización por costes de cobro es una cantidad fija de 40€ que el acreedor tiene derecho a reclamar al deudor por cada factura pagada con retraso, destinada a compensar los gastos administrativos de la gestión de cobro. Está regulada por el artículo 8 de la Ley 3/2004.
LegalMorosidad comercial
La morosidad comercial es el incumplimiento del plazo de pago acordado entre empresas en una operación comercial. En España, se considera moroso al deudor que no paga en el plazo establecido por contrato o, en su defecto, en los 30 días posteriores a la recepción de la factura.
LegalLey Crea y Crece
La Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece), introduce la facturación electrónica obligatoria entre empresas en España y refuerza las medidas contra la morosidad comercial, condicionando el acceso a subvenciones y contratos públicos al cumplimiento de los plazos de pago.
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